La nueva Ley de Startups, aprobada por el congreso el pasado diciembre de 2022, tiene como objeto establecer un marco normativo específico para apoyar la creación y crecimiento de empresas emergentes en España. 

Para poder ser beneficiario de los beneficios fiscales y sociales establecidos en la Ley de Startups, las empresas deberán tramitar, de manera obligatoria, la certificación de Empresa Emergente, a cargo de Enisa. Esta será válida frente a todas las Administraciones y entes que deban reconocerlos.

Reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades al 15%.
Aplazamientos de deudas tributarias.
Exoneración de efectuar los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
Eliminación de determinadas tasas registrales para la constitución de una nueva empresa.
Exoneración de la obligación de obtención del NIE en el caso de inversores extranjeros no residentes.
Bonificación, durante tres años, de las cuotas a la Seguridad Social a favor de los emprendedores autónomos que también trabajen por cuenta ajena.
Ampliación del importe de la exención, hasta los 50.000 euros anuales, en el caso de entrega de stock options a los empleados.
Aumento de la deducción por inversión en empresas de nueva creación, incrementando el tipo al 50% y la base máxima hasta 100.000 euros.
Impulso en la creación y desarrollo de entornos controlados de pruebas para validar la viabilidad e impacto de nuevos modelos en actividades reguladas.
Facilidades para la prestación de garantías o pagos a cuenta en el caso de concesión de subvenciones.

Para ser considerada Empresa Emergente, las empresas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser empresa de nueva creación o contar con una antigüedad máxima de 5 años, a contar desde la fecha de constitución. En el caso de las empresas consideradas de sectores estratégicos, que hayan desarrollado tecnología propia o pertenezcan al sector de la biotecnología y la energía o empresas industriales, la antigüedad máxima se ampliará hasta los 7 años. 
Tener sede, domicilio social o establecimiento permanente en España.
Tener un porcentaje de al menos el 60% de la plantilla con contrato en España.
Desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador y escalable.
No cotizar en un mercado regulado ni haber distribuido dividendos.
No alcanzar un volumen de negocio superior a los diez millones de euros.